LIBRE OPINIÓN/ DERECHA E IZQUIERDA
EL VALOR DE LA CIENCIA POLÍTICA
<< cuando las leyes deben cumplirse pero no se pueden hacer cumplir es necesario la suspensión del Derecho por virtud de la preservación misma de la sociedad en casos de extrema necesidad...>>
Por: Martín Benabé (politólogo)
Los problemas que suceden a nivel hispanoamericano, como mundial, es producto del reemplazo del espacio que le corresponde a la Ciencia Política por el Derecho. En otras palabras, la política como aquella actividad ponderativa y agónica, de carácter ajurídico, que tiene como finalidad asignar mandatoriamente valores para una comunidad; con el fin de sostener un buen orden(eutaxia) ya sea sosteniéndolo o renovándolo ha sido reemplazado por una visión distorsionada del Derecho.
Como bien diría lúcidamente el ingeniero civil y abogado Iván Fernández Paz: “El abogado no es el profesional de la justicia, es el profesional de las leyes” Como sustentaría bien el politicólogo y Dr. Pablo Iglesias Turrión: “El Estado de excepción no es sino el ejercicio ilimitado del poder de violencia (incontenible por ningún derecho) que nos da el significado último de la política al aportar la excepción a través de la cual puede entenderse la regla(el Derecho)”.
¿Qué significa esto? Significa que en situaciones regulares donde las leyes pueden y deben cumplirse, el Derecho cumplirá su rol. Sin embargo, cuando las situaciones se vuelven en irregulares, en otras palabras, cuando las leyes deben cumplirse pero no se pueden hacer cumplir es necesario la suspensión del Derecho por virtud de la preservación misma de la sociedad en casos de extrema necesidad; los denominados “extremus necessitatis casus” formulados por el jurista y especialista en Ciencia Política alemán Carl Schmitt.
Para Schmitt la excepción es lo opuesto a la norma, pero al decidir sobre la excepción el gobernante (que él denomina soberano) está decidiendo sobre la norma, debido a que la norma no puede determinar cuándo aparecerá la excepción y no puede prever lo que es la situación anormal, agregando el hecho de que para Carl Schmitt el Estado no nace de una norma sino de una decisión, por lo tanto, es deber del gobernante decidir acerca de ello determinando no solo lo que es la excepción sino también lo que es la situación normal.
La pregunta que sigue es natural: ¿Cómo se define entonces una situación de normalidad o anormalidad? Pues para ello está el lado ponderativo de la política: La Ciencia Política. Aquel conocimiento que está orientado a la práctica, por su finalidad de mantener un buen orden (La denominada eutaxia párrafos anteriores).
Sin embargo, dentro del Derecho nació una corriente liberal(convertida después en postmoderna): El garantismo jurídico.
Sustentado teleológicamente en “La Paz Perpetua” de Inmanuel Kant que rechaza, de manera burguesa y ajena a la vida, parte de la esencia de la política: la agonía, la disputa, la lucha de una civilización por lo que considera correcto. Porque la “paz perpetua”, de la cual por extensión se basa la democracia, en realidad es una paz que se asienta en el nihilismo. Hans Kelsen dixit. Es decir, si queremos y debemos vivir en democracia hay que renunciar a encontrar la verdad; acomodándonos a los caprichos de las mayorías.
Sin embargo, yerran todos los defensores del nihilismo jurídico y político, porque la el error no tiene derechos. La verdad siempre será el valor superior que tiene el máximo derecho, y hasta el deber de dominar y de aniquilar los valores inferiores. Es la famosa denominación schmittina puesta en el artículo: "La tiranía de los valores”. Esta idea, poderosa contra el nihilismo profano de “occidente”, debe ser rescatada para recuperar una Ciencia Política ajena a ideologías liberales, materialistas, relativistas o ultrarrelativistas (postmodernidad). La Ética y la Política nunca estuvieron divorciadas, los hicieron alejarse algunas de la ideologías (como las ya mencionadas) para que todo valga lo mismo ¡Y no es así!
El sinvalor no tiene ningún derecho frente al valor, y para imponer el valor supremo no hay precio demasiado excesivo. Schmitt dixit.
En particular, y aterrizando en el caso peruano, cuando se trata de una sociedad donde sus enemigos públicos hicieron e deshicieron con ella hasta decir basta:
¿No son enemigos públicos del Perú los jueces que liberan a los cómplices de “Maldito Cris” y una larga lista de delincuentes? ¿Los jueces, en todos los niveles, prevaricadores las leyes (como por ejemplo el Tribunal Constitucional trasanterior y el actual tras el fallo Morán) y el debido proceso no enemigos públicos del Perú? ¿No son enemigos públicos del Perú la mafia de los fiscales que han convertido el lavado de activos en una gran plataforma de politiquería para extorsionar a quien les da la gana?
¿Enemigos públicos del Perú no son los congresistas que aprobaron la ley de prescripción para que Vladimir Cerrón y varios delincuentes que, se dedican a la “política”, empiecen a quedar impunes e insistan en llegar a cargos públicos? ¿No es enemigo público del Perú el actual Presidente del Congreso que hizo aprobar una ley que le favorecía groseramente?
¿No son enemigos públicos del Perú los que organizan marchas violentas con el disfraz de reclamos para que el oro ilegal y la cocaína salgan hacia Bolivia?
Se han puesto a pensar en la cantidad de enemigos públicos que tendría el Perú si es que se dispusieran escuchas telefónicas a jueces, fiscales, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, regidores y ciertos empresarios mercantilistas. Se pueden dar una idea de lo que arrojarían las escuchas a los congresistas llamados “Los Niños” o a Sigrid Bazán o a Guillermo Bermejo, tan defensores de los subversivos ¡Serían los enemigos públicos del Perú más buscados si fuéramos una sociedad cuerda!
¿Queremos orden y ausencia de violencia? ¿Queremos hablar de Plan Bukele? Entonces admitamos que el enemigo público del Perú Martín Vizcarra y varios de sus ministros deberían estar en prisión después de las 200 mil muertes de peruanos en la pandemia y la inmensa corrupción de ese gobierno. Pero no es así. Un día de estos aparecerán invitados a la televisión para opinar sobre “la inconveniencia del Plan Bukele”. Si el enemigo público anda suelto es porque el Derecho ha sido vencido.
Sin reglas que se hagan cumplir deja de existir la legítima acción judicial. Entonces, admitamos que los famosos fiscales Lava Jato son también enemigos públicos del Perú por ser los grandes destructores de la legalidad.
¿Por qué no investigar cuál fue la gran ventaja (económica) obtenida para beneficiar tan groseramente a Odebrecht, a José Graña y demás enemigos públicos del Perú configurados en el ignominioso “Club de la Construcción”? Y de paso ¿Qué pasará cuando Toledo se animé a “tirar dedo” señalando como favoreció al dueño de un grupo empresarial periodístico que se jacta de no pertenecer a la concentración de medios escritos? ¿Por qué no indagar sobre tamaña traición a la patria de tremendos enemigos públicos del Perú?
Ya que estamos en éste tema ¿Por qué no indagar en las razones por las que ciertos periodistas defendieron y ensalzaron tanto a esos fiscales, pasándose así del lado de los enemigos públicos del Perú? ¿Por qué no indagar a aquellos enemigos públicos que ejerciendo el “periodismo” o la “función pública” se hicieron de la vista gorda con degeneración máxima (hasta ahora) de la institución presidencial en el gobierno de Pedro Castillo?
Finalmente, es aquí donde debe aparecer la Ciencia Política. Su valor propiamente dicho: La de recuperar el sentido a una sociedad cuando todo parece perdido. Lo mencionado anteriormente sólo relata una pequeña parte de la degeneración en la que ha caído el Perú. Degeneración a la que los profesionales en Ciencia Política deben responder con firmeza: “¡A los enemigos públicos no se les perdona, se les liquida”.
