<< …criminalizar las manifestaciones públicas como la protesta no va evitar que en algún momento la gente salga a defender lo que cree que es justo...>>
Por: Leoncio Díaz (redacción)
En la sociedades modernas los gobernados tienen, en mayor o menor medida, cierta influencia sobre los gobernantes al manifestar su rechazo o aprobación de determinada decisión política mediante la opinión personal, las declaraciones públicas, la prensa, la protesta y la desobediencia. En ese sentido, ser gobernado no significa ser sumiso y acatar todo lo que se decide a nivel político sin cuestionamientos de los actos públicos de la clase política y sus altos funcionarios; en el último de los casos, cuando el gobierno es ilegítimo y tiránico, las manifestaciones y la desobediencia civil son legítimas. De tal modo que la sociedad no solo dirige sus destinos desde el centro del poder político de forma vertical, mientras el resto sigue la corriente, sino también, en ciertas ocasiones críticas, desde la participación activa de las masas; es decir, desde aquellos que no tiene acceso al poder.
El prohibir o criminalizar las manifestaciones públicas como la protesta no va a evitar que en algún momento la gente salga a defender lo que cree que es justo; no soluciona los problemas sociales, tan solo lo contiene, pero el efecto contener puede ser peor del que esperan. Los conflictos sociales y las manifestaciones públicas son válvulas de escape que evitan futuras crisis políticas, de tal modo que en democracia es de común acuerdo dejar que las personas manifiesten su descontento social ya sea por sus condiciones económicas, por estrés, por las injusticias cotidianas o por abusos institucionales.
Finalmente, un ciudadano sin derecho a manifestar el mal accionar de sus gobernantes no puede ser considerando como tal; eso no es ser ciudadano, eso es ser un súbdito que tiene que callar y acatar las decisiones porque de lo contrario sería reprimido. En ese sentido, la Corte Suprema, al no reconocer el derecho a la protesta, desprotege a los ciudadanos y rebaja casi al nivel de una dictadura. Sin embargo, hay que aclarar siempre a aquellos “odiadores” que les gusta aplaudir la represión a la gente que el Tribunal Constitucional es quien interpreta la constitución en última instancia y, efectivamente, sí reconoce el derecho a la protesta. Si queremos hablar de democracia no se puede quitar al pueblo su derecho a la protesta.
Fecha: 2023-05-22
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En la sociedades modernas los gobernados tienen, en mayor o menor medida, cierta influencia sobre los gobernantes al manifestar su rechazo o aprobación de determinada decisión política mediante la opinión personal, las declaraciones públicas, la prensa, la protesta y la desobediencia. En ese sentido, ser gobernado no significa ser sumiso y acatar todo lo que se decide a nivel político sin cuestionamientos de los actos públicos de la clase política y sus altos funcionarios; en el último de los casos, cuando el gobierno es ilegítimo y tiránico, las manifestaciones y la desobediencia civil son legítimas. De tal modo que la sociedad no solo dirige sus destinos desde el centro del poder político de forma vertical, mientras el resto sigue la corriente, sino también, en ciertas ocasiones críticas, desde la participación activa de las masas; es decir, desde aquellos que no tiene acceso al poder.
El prohibir o criminalizar las manifestaciones públicas como la protesta no va a evitar que en algún momento la gente salga a defender lo que cree que es justo; no soluciona los problemas sociales, tan solo lo contiene, pero el efecto contener puede ser peor del que esperan. Los conflictos sociales y las manifestaciones públicas son válvulas de escape que evitan futuras crisis políticas, de tal modo que en democracia es de común acuerdo dejar que las personas manifiesten su descontento social ya sea por sus condiciones económicas, por estrés, por las injusticias cotidianas o por abusos institucionales.
Finalmente, un ciudadano sin derecho a manifestar el mal accionar de sus gobernantes no puede ser considerando como tal; eso no es ser ciudadano, eso es ser un súbdito que tiene que callar y acatar las decisiones porque de lo contrario sería reprimido. En ese sentido, la Corte Suprema, al no reconocer el derecho a la protesta, desprotege a los ciudadanos y rebaja casi al nivel de una dictadura. Sin embargo, hay que aclarar siempre a aquellos “odiadores” que les gusta aplaudir la represión a la gente que el Tribunal Constitucional es quien interpreta la constitución en última instancia y, efectivamente, sí reconoce el derecho a la protesta. Si queremos hablar de democracia no se puede quitar al pueblo su derecho a la protesta.
